La falta de trabajo que se hizo patente en los primeros años de la transición en la Sierra se intentó mitigar desde la administración con el denominado empleo comunitario, un sistema implantado por el Gobierno para la ejecución de obras públicas en los municipios, mediante una subvención estatal para los trabajadores empleados en estas tareas, las cuales se administraban desde cada ayuntamiento. La reivindicación de cupos para este empleo comunitario se convirtió en la principal bandera de los sindicatos de la comarca en este tiempo, porque de ello dependía la subsistencia de cientos de familias.
Como ejemplo de la situación de desempleo que padecía gran parte de la población activa de la Sierra, tomemos el caso de Espera. A finales de febrero de 1978 la estadística oficial indicaba que 435 jornaleros de este municipio estaban en paro, de un total de 51.853 en toda la provincia, 9.847 de ellos del sector agrícola (1).
Para contrarrestar estas cifras, las esperanzas se depositaban en las ayudas prometidas por el Gobierno, pero estas eran consideradas exiguas por los potenciales destinatarios. A comienzos del año 1978, el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social anunció la concesión de 45 millones de pesetas con cargo a la Mutualidad Agraria para invertirlos en labores de empleo comunitario en 16 municipios gaditanos, pero de dicha cantidad, ya se habían gastado 23 millones en diciembre de 1977, con lo que estas poblaciones tenían que hacer frente al paro con apenas 20 millones de pesetas. A Espera, por ejemplo, le correspondieron 1.930.500 pesetas. La distribución de estos fondos la decidió la Ponencia de Paro Obrero de la Comisión Provincial de Gobierno en función del cálculo de una prestación diaria de 650 pesetas multiplicada por diez jornales y relacionada con el censo de parados agrícolas. La propia Comisión Provincial de Gobierno consideró insufincientes estos recursos concedidos y además estimó que la provincia de Cádiz había resultado discriminada en estos repartos, por lo que expresó su disgusto al Gobierno, al que reclamó el incremento de las ayudas (2). A título de ejemplo, del 10 al 20 de febrero de 1978 se emplearon 395 obreros de Espera para los trabajos del empleo comunitario con cargo a dichos fondos (3).
Las corporaciones municipales de la Sierra en los meses previos al cambio democrático tuvieron que hacer frente a esta demanda social sin legitimidad política para tomar iniciativas audaces, si bien se vieron empujadas a pedir una mayor subvención con cargo a los fondos del empleo comunitario agrícola y del Ministerio de Trabajo para «paliar el paro obrero con la realización de obras municipales», como hizo el Ayuntamiento de Espera el 25 de febrero de 1978. En este caso, estos trabajos se proyectaron para el replanteo del terreno de la piscina municipal, la terminación de un muro de contención, la construcción de una carretera de acceso al castillo por su parte posterior y la pavimentación de algunas calles. Las protestas por las reducidas ayudas contra el paro agrícola se generalizaron en las comarcas limítrofes de las provincias de Cádiz y Sevilla, y en la última semana de febrero el soc convocó huelgas generales en estos pueblos. En la comarca de la Sierra de Cádiz, la huelga fue existosa en Puerto Serrano, Villamartín y Bornos (4).
En Espera, el 3 de marzo, en la sesión plenaria del Ayuntamiento, el alcalde dio cuenta de haberse invertido ya la cantidad concedida por el Gobierno, las citadas 1.930.500 pesetas, con cargo a la subvención del empleo comunitario, en mano de obra por varios trabajos efectuados en calles y caminos públicos (5).
Pero la falta de legitimidad democrática de las corporaciones municipales de la comarca pareció que la entendieron los alcaldes de entonces, todavía de designación gubernativa. Así, por ejemplo, el mismo 3 de marzo presentó su dimisión el alcalde de ejercicio predemocrático de Espera, Juan F. Benítez Bedía, quien justificó su decisión aduciendo que «con el fin de cumplir con un acto de servicio, como consecuencia del cese del anterior alcalde, fue designado por el gobernador civil para regentar la alcaldía de esta localidad, cargo que ha desempeñado desde entonces y al que ha venido consagrado con el mayor espíritu de trabajo durante estos años en los que se ha podido resolver numerosos problemas en orden a la mejora de vida de la población», pero que creía «llegado el momento de estimar cumplida dicha etapa política». El último alcalde del posfranquismo reconoció que era de su «opinión poner término a esta tarea de sacrificio» (6). Benítez Bedía ponía su cargo a disposición de la corporación y se comprometía a continuar de concejal hasta la celebración de elecciones. En el acta de aquella sesión se recoge la sorpresa que causó esta dimisión en sus compañeros de corporación, por lo que no la llegaron a aceptar, al aducir que existían en el municipio numerosos asuntos importantes pendientes de resolución que requerían su actuación. Benítez Bedía se resignó a continuar en su puesto.
Los graves asuntos pendientes a que se referían los munícipes no eran otros que los relacionados con la falta de trabajo de gran parte del vecindario. El paro era entonces la gran preocupación de los espereños, y la respuesta social no tardó en producirse. Una multitudinaria manifestación recorrió las calles de Espera el 13 de marzo de 1978. Esta fecha constituye un hito en la movilizaciones desarrolladas en este municipio durante la transición (7). La prensa dio la cifra de ochocientas personas concentradas en la puerta del Ayuntamiento pidiendo trabajo y protestando por la elevación del coste de la vida (8). El lugar de la concentración fue la calle José Antonio a las 12 horas, y el itinerario fue el siguiente: José Antonio, Veracruz, Doctor Fléming, Queipo de Llano, Herrería, Morón, Reyes Católicos y plaza del Ayuntamiento. Al frente de la manifestación iban Emiliano Mancheño (cc.oo.) y Genaro Velarde (ugt), quienes entregaron un escrito al alcalde, en el que exponían sus reclamaciones. Los sindicatos decían que si bien «el paro endémico que los productores agrícolas de esta villa padecen transitoriamente estará solucionado por las prestaciones que el Gobierno ha asignado», este «esfuerzo de la Hacienda nacional», «aunque ha venido paliando la penosa circunstancia del mundo laboral, no promete un futuro donde el paro no sea una lacra de nuestra sociedad», por lo que insistían, «con toda la respetuosa fuerza que las leyes sociales que actualmente se predican», en que «el hombre del campo de Espera sólo quiere un trabajo digno y estable». También reclamaban al Gobierno que se «tomara en serio una acción equilibradora de sueldos y costos de los productos más esenciales de consumo». Los sindicatos espereños creían «totalmente imposible una democratización del país donde la fuerza de la producción, como lo es la mano laboral, tenga que pagar tan directamente los tiestos rotos de una coyuntura económica que el mundo del trabajo no ha producido». En resumen, los representantes de los trabajadores de Espera consideraban «de clara injusticia social» el que los obreros no tuvieran un puesto de trabajo. «Y cuando lo tenemos -concluían-, nuestras mujeres se las ven y se las desean para lograr una manutención digna» (9).
El 20 de marzo, el alcalde remitió al gobernador civil el escrito que le habían presentado los sindicatos (10). Los testimonios orales recogen que a la manifestación fue «todo el pueblo». La protesta la habían organizado los sindicatos CC.OO. y UGT, y a la misma acudió un parlamentario socialista, Pedro Jiménez Galán. El soc celebró en el cine Esperanza unas asambleas informativas los días 1 y 8 de abril.
Entre ambas convocatorias, el 5 de abril (11), los sindicatos CC.OO. y UGT convocaron una jornada de movilización a escala nacional para protestar contra el desempleo. En la comarca de la Sierra se registraron paros en Arcos, Espera, Grazalema, Olvera y Torre Alháquime (12).
De febrero a abril de 1978 se desarrolló en esta comarca una primera fase de obras municipales con fondos del empleo comunitario. Así, por ejemplo, en este período el Gobierno había concedido al Ayuntamiento de Espera la cantidad de 8.489.620 pesetas.
Pero los fondos se agotaban, y los ecos de aquellas manifestaciones llegaron al Pleno del Ayuntamiento. El concejal Manuel Romano Lozano preguntó directamente al alcalde si «el Ayuntamiento tiene algo que ver con el paro», a lo que el primer edil respondió que se limitaba a seguir las instrucciones del Gobierno Civil. Benítez Bedía propuso la creación de una comisión mixta para coordinar la ejecución de las obras previstas para mitigar el paro. Para la realización de estos trabajos, propuso la adquisición de dos hormigoneras y un vehículo par el transporte de material (13). El 10 de mayo, el Gobierno Civil libró 2.216.800 pesetas para Espera (14), pero de inmediato el alcalde envió un telegrama al gobernador civil protestando por la reducción de jornales previstos para el empleo comunitario y reclamó una «solución inmediata en evitación de perjuicios económicos y sociales» (15). El Gobierno Civil continuó suministrando fondos en varias entregas hasta el 23 de junio. La cantidad total concedida por la administración central al Ayuntamiento de Espera de mayo a junio de 1978 para absorber el paro con obras municipales fue de 7.914.780 pesetas. Por tanto, en el primer semestre de 1978, el Gobierno había concedido a Espera la cantidad de 16.404.400 pesetas. Pero los gastos en mano de obra y material fueron superiores al importe percibido. En ese primer semestre de 1978 se invirtieron 16.471.126 pesetas en jornales y material (16).
Constan las obras acometidas en la segunda fase de este primer semestre de 1978, consistentes en la pavimentación de la calle trasera de la calle Lepanto, plaza trasera del colegio, calle Rodríguez y Doctor Fléming y parte del acerado de esta última. Para ello se cubrieron 10.319 jornales.
El número de obreros empleados, los jornales cubiertos y el importe invertido en esta segunda fase fueron los siguientes (17):

Mientras tanto, la actividad sindical no cesaba. El 10 de mayo, cc.oo. celebró otra asamblea informativa en el cine Esperanza, esta vez para analizar el problema de la recolección de la remolacha, y el 17 de junio y el 30 de julio el dirigente portuense de cc.oo. Manuel Verano intervino en sendas asambleas celebradas en el mismo lugar para informar sobre el convenio colectivo en el campo.
Entre ambas fechas, el 20 de junio de 1978 los jornaleros de la Sierra secundaron un paro general convocado por Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores en toda Andalucía para protestar contra el desempleo. Esta movilización tuvo especial incidencia en el medio rural. La prensa publicó que en la provincia de Cádiz, 20.000 personas secundaron la jornada de paro y que en la agricultura «el número de huelguistas fue aumentado gradualmente a lo largo del día, llegando a ser generalizado» (18).
La Unión Local de Comisiones Obreras de Ubrique publicó un manifiesto-convocatoria con motivo de este llamamiento para protestar contra el desempleo. Decía que «ante el grave problema del paro en Andalucía, alrededor de 1.200.000 trabajadores en todo el país, de ellos 230.000 de Andalucía», estaban en paro; problema que se agravaba «ante la incapacidad o desinterés del Gobierno y los empresarios para solucionarlo».
Según este sindicato, «los más perjudicados por la falta de puestos de trabajo» eran «los trabajadores agrícolas, de la construcción, los jóvenes y las mujeres». Las reivindicaciones de los sindicatos convocantes se resumían en las siguientes: exigencia al Gobierno de 20 millones de pesetas destinadas al empleo comunitario para el pago de los parados hasta final de año; expropiación de las fincas mal cultivadas y puesta en marcha de un plan regional que acabara con esta situación; la aprobación de un proyecto de ley de protección contra el paro, en el que fuesen incluidos los jóvenes; creación de nuevos puestos de trabajo, mejor distribución del empleo existente y control por las centrales sindicales de los fondos destinados al paro obrero.
El paro de protesta convocado era de dos horas en la industria y de un día en el campo, con manifestaciones anunciadas, dentro de la Sierra, en Alcalá del Valle, Algodonales, Arcos, Grazalema y Olvera. En Ubrique, cc.oo. convocó el paro de 13 a 14 horas en las fábricas de marroquinería y una concentración en la AISS (19).

Manifiesto-convocatoria del paro (Archivo del PCE, Ubrique, 1978).

Después de este paro regional, a escala local de Espera, el 3 de julio, CC.OO. y UGT celebraron en el cine Esperanza una asamblea contra el paro. Comisiones Obreras celebró otra asamblea sobre esta problemática el 25 de agosto y UGT hizo la suya el 16 de septiembre, con la intervención de Rafael Román, Juan José Gelos y J. Villagrán (20).
Una nueva movilización general en el campo andaluz, convocada por el soc, se desarrolló del 22 al 28 de febrero de 1978 para pedir un plan de medidas urgentes a favor del medio rural. Hubo huelga general en el campo los días 27 y 28 en varios pueblos de la Sierra de Cádiz: Bornos, Puerto Serrano y Villamartín. En otros 12 términos también hubo huelga general y en seis se dieron acciones de ocupación de fincas.
En verano de ese año, 1978, volvieron las protestas generalizadas al campo en la comarca. La causa estribaba en que el 31 de julio la Comisión Provincial de Paro dispuso que los jornaleros en paro adscritos al empleo comunitario trabajasen tres días a la semana a cambio de un salario de 806 pesetas diarias, mientras que el soc solicitaba que el trabajo se extendiese a seis días semanales. Obreros agrícolas se esta comarca acudieron el 7 de agosto a una concentración de protesta en Jerez.
En estos momentos de gran efervescencia social, el 11 de agosto de 1978, el Partido Comunista de España (PCE) celebró en Espera un mitin sobre el proyecto de Constitución. En el mismo, celebrado en el Mase Cinema de siete de la tarde a nueve de la noche, intervinieron Horacio Lara Palma y Juan García Gutiérrez. Según los cálculos oficiales al acto acudieron unas 250 personas. En este mitin, los oradores se refirieron también al «paro obrero existente en la provincia», e invitaron a la clase trabajadora a que presionase «a las autoridades para conseguir los seis días de trabajo a la semana» que se reclamaba para el empleo comunitario.
El día 12 los jornaleros protagonizaron concentraciones y sentadas en Alcalá del Valle, Arcos, Grazalema, Olvera y Zahara, y cinco días después, los dirigentes de UGT y SOC, Juan Villagrán y Gonzalo Sánchez, respectivamente, iniciaron una huelga de hambre en Arcos. También se declararon en huelga de hambre los sindicalistas Antonio Cala y Juan Naranjo en la sede del SOC de Puerto Serrano el día 20, y al día siguiente se concentraron en Arcos más de 3.000 jornaleros, muchos de ellos llegados de Algodonales, Bornos, El Gastor, Olvera y Villamartín.
A finales de año se anunció que el Patronato de la Vivienda Rural concedía a Espera un crédito de 13.290.000 pesetas, cantidad que se acordó destinar a la financiación de trabajos que paliasen el desempleo. Para llevar a cabo este proyecto, el día 18 de diciembre se reunió la comisión mixta propuesta meses antes y de la que formaron parte centrales sindicales, partidos políticos y otras asociaciones locales. El objetivo de aquella reunión de amplia participación ciudadana era «intercambiar ideas y aunar criterios con relación a la clase de obra en que debía invertirse el dinero ofrecido por el Patronato, teniendo en cuenta la necesidad no sólo de una rentabilidad efectiva, al objeto de arbitrar recursos con destino a la amortización del préstamo, sino también y muy especialmente la circunstancia del problema social que actualmente tiene planteada la población, con motivo del desempleo agrícola existente, que va adquiriendo caracteres alarmantes» (21). Tan grave era la situación que a las puertas del Ayuntamiento, durante el desarrollo del pleno, se habían concentrado unas cuatrocientas personas sin empleo, a la espera de noticias que paliasen su situación (22).
Urgía tomar una decisión, y la comisión acordó que se iniciaran al día siguiente los trabajos de obras municipales «susceptibles de emplear al mayor número de mano de obra», como pavimentación de calles y alcantarillado (23). Al propio tiempo la comisión acordó que el alcalde se entrevistara con el gobernador civil para solicitarle que el préstamo concedido se convirtiera en una subvención a fondo perdido, dada la crítica situación económica por la que atravesaban las arcas municipales.
El referéndum constitucional y las primeras elecciones democráticas para la elección de las nuevas corporaciones municipales, con el componente simbólico inherente al cambio producido en la administración local, no dejó en un segundo plano el principal problema social de la comarca de la Sierra de Cádiz, que seguía siendo el de la falta de trabajo. Tomemos de nuevo el caso de Espera como ejemplo. Comisiones Obreras celebró entre abril y septiembre de 1979 seis asambleas de trabajadores en este municipio para debatir sobre esta problemática (24), y el 1º de mayo se desarrolló por las calles de Espera una manifestación multitudinaria por el día del trabajador.

Manifestación del 1º de Mayo de 1979 en Espera.

Diez alcaldes de la comarca de la Sierra de Cádiz se reunieron el 19 de junio de 1979 en Villamartín para hacer un frente común ante la situación de paro existente en esta zona y para intentar coordinar sus responsabilidades en la administración de los fondos del empleo comunitario. Los represenantes municipales de Algar, Arcos, Bornos, El Bosque, Espera, Olvera, Puerto Serrano, Ubrique, Villamartín y Zahara estuvieron de acuerdo en que «estos fondos no atajan el problema, sino que lo empeoran, al no haber soluciones concretas ni una planificación ni programación de los mismos», por lo que acordaron exigir que estas subvenciones se destinasen a la realización de obras básicas generadoras de «abundante mano de obra». Los proyectos defendidos por estos flamantes munícipes democráticos eran la construcción de un canal en la margen derecha del pantano de Bornos, con la puesta en regadío de 9.000 hectáreas de tierra; la construcción del pantano de Zahara para la puesta en riego de unas 5.000 hectáreas; la repoblación forestal a cargo del Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA); la mejora y puesta en explotación de fincas mal aprovechadas; el fomento de los cultivos sociales que dan mayor número de puestos de trabajo; el desarrollo ganadero y la creación de mataderos industriales, con el fomento del cooperativismo agrícola y la concesión de créditos oficiales a los pequeños agricultores; la construcción de «auténticas viviendas sociales cuyo coste esté al alcance de las capas sociales más bajas»; y la adecuación de la estructura viaria de la Sierra, que se encontraba «totalmente abandonada» (25).
Se trataba de un ambicioso plan de desarrollo socioeconómico que incluía medidas estructurales para la economía de la comarca, para dar un sentido social y de eficacia a las aportaciones gubernamentales del empleo comunitario. Estos proyectos necesitaban unos recursos económicos superiores a los concedidos hasta entonces por aquel concepto. En aquella reunión, los diez alcaldes consideraron que tras el último reparto de dinero, en el que correspondió a la provincia de Cádiz la cantidad de siete mil millones de pesetas (26), la comarca de la Sierra había quedado «completamente marginada». Por eso motivo formularon una protesta formal, al entender que la cantidad concedida no resolvería ningún asunto ni permitiría ejecutar ninguna obra que sirviera «para paliar los graves problemas de paro, vivienda e infraestructura general que tiene planteada esta zona».
Estas reivindicaciones fueron defendidas en una manifestación unitaria celebrada en Cádiz al día siguiente, 20 de junio de 1979, en la que participaron representantes de ayuntamientos, partidos y sindicatos de la Sierra. A las peticiones anteriores, el Ayuntamiento de Espera unió la de la construcción de una estación depuradora de aguas potables de suministro a los domicilios. Precisamente, la participación de los espereños en esta manifestación supondrá el origen de una situación crítica que vivirá la Corporación en los meses siguientes como consecuencia de una sanción gubernativa. A finales de año trascendió la noticia de que en algunas informaciones de prensa se había acusado a varios ayuntamientos de la provincia, entre ellos el de Espera, de malversación de los fondos del empleo comunitario. Al Ayuntamiento de Espera se le acusaba de haber pagado con dichos fondos una factura de 30.000 pesetas a una empresa de transporte por el traslado de miembros de la Corporación, sindicatos, partidos y ciudadanos particulares a la manifestación contra el paro celebrada en Cádiz el 20 de junio. Seis meses después de aquella protesta, y tras la publicación de esas noticias, el Ayuntamiento decidió rectificar el acuerdo adptado el mismo 20 de junio sobre el pago del desplazamiento con cargo al empleo comunitario y sustituirlo por la asignación del gasto a los presupuestos municipales. Los munícipes acordaron por unanimidad hacerse responsable del destino dado a dicha cantidad de dinero y, por boca del concejal Benítez, rechazaron la acusación de «malversación», que era entendida por la población como «robo», «cosa que no ha ocurrido» (27).
Mientras se tramitaban las reclamaciones de los alcaldes de la Sierra al Gobierno central, la corporación de Espera salida de las urnas el 3 de abril continuó haciendo distintas gestiones, esta vez de carácter coyuntural, para intentar resolver en la medida de lo posible la situación de paro. En el verano, el alcalde, Antonio Ferrete, del PCE, convocó a los patronos a una reunión para pedirle que hicieran un esfuerzo para aumentar los puestos de trabajo en sus fincas, dada la situación en que se encontraban los trabajadores del pueblo, y además visitó a otros propietarios de la comarca para hacerles la misma petición aprovechando que estaba en marcha la campaña de recolección de la remolacha (28).
Otra de las gestiones partió del concejal Sebastián Benítez, quien se entrevistó con el marqués de Ruchena para proponerle que hiciera todo lo posible por colocar a personal en paro de esta localidad, consiguiendo del propietario la promesa de contratar a trabajadores espereños en la siguiente campaña, en la que se disponía a sembrar como mínimo 200 fanegas de tierra de remolacha (29).
Esta primera corporación democrática aprobó su primer plan de obras y servicios con las aportaciones concedidas por el Gobierno (30).
Dada la falta de fondos municipales para la financiación de la parte correspondiente de estas obras, la Corporación aprobó unánimemente recurrir a la imposición de contribuciones especiales. El nuevo Ayuntamiento se vio obligado a prorrogar el presupuesto del año anterior con unos ingresos previstos de 7.983.353 pesetas y unos gastos de 8.869.919 pesetas (31).
Entre tanto, gran número de familias de la Sierra seguía dependiendo del empleo comunitario para subsistir. Veamos un ejemplo de la administración de este sistema de subvenciones por peonadas realizadas en Espera. En la tercera semana de noviembre de 1979, Comisiones Obreras elaboró un listado con 601 trabajadores dependientes de este subsidio. En dicho listado se anotaban las peonadas realizadas por cada persona, con un máximo de cinco por semana (de martes a viernes). Del 13 al 18 de dicho mes se realizaron 1.393 peonadas (32). Esta cifra equivalía a una media de 2,3 peonadas por persona a la semana, lo que significaba que en término medio cada jornalero trabajaba dos días y un tercio de día de cada semana. Estos datos eran indicativos de una situación social insostenible.
En consecuencia, siguieron siendo frecuentes las movilizaciones para protestar por la falta de jornales. Al finalizar esta fase de peonadas de noviembre, CC.OO. celebró una asamblea de trabajadores dirigida por José Antonio Cabral Ángel, secretario provincial de organización (33).
En este contexto, nueve ayuntamientos de la Sierra se adhirieron a un acuerdo suscrito por 15 de la provincia de Cádiz afectados por la problemática del empleo comunitario, en el que mostraron su disconformidad con la política del Gobierno, de Unión de Centro Democrático (UCD), por «no plantear ninguna perspectiva de creación de puestos de trabajo estables». Además, criticaban la restricción de los fondos del empleo comunitario, y proponían que para una justa distribución de los mismos entre los diferentes pueblos que la administración de estas ayudas fuera responsabilidad de una comisión provincial de empleo integrada por el gobernador, Instituto Nacional de Empleo (INEM), Mutualidad Agraria, Diputación, ayuntamientos, sindicatos y organizaciones patronales. También reivindicaron que dichos fondos se destinaran a todos los trabajadores en paro sin otros recursos para subsistir, y mostraron su solidaridad con los ayuntamientos acusados de malversación de estos fondos, como el de Espera, al entender que «con su actuación sólo han pretendido una mayor rentabilidad en el empleo de estos fondos» (34).
A final de año hubo movilizaciones en varios pueblos de la Sierra, convocadas por el soc, para reclamar más fondos para el empleo comunitario, y el 2 de enero de 1980 varios alcaldes de la comarca se reunieron en la Diputación para abordar este problema. El gobernador no los recibió. Un día después se reunieron en Arcos diez alcaldes gaditanos, y redactaron un comunicado en el que denunciaron la falta de fondos del empleo comunitario desde la primera quincena de diciembre. Tras esta protesta, el Gobierno Civil liberó los fondos para la provincia (35).
Las reivindicaciones por un desarrollo estructural de la Sierra comenzaron a traducirse en algunas iniciativas institucionales, como la adoptada por la Diputación el 20 de noviembre de 1979 para iniciar el expediente con los estudios precisos con el fin de reclamar al Consejo de Ministros la declaración de la Sierra de Cádiz como «comarca de acción especial», al ser considerada un «área social y económicamente deprimida» (36). En esta declaración se pretendía incluir a 19 municipios: Alcalá del Valle, Algar, Algodonales, Arcos, Benaocaz, Bornos, El Bosque, El Gastor, Espera, Grazalema, Olvera, Prado del Rey, Puerto Serrano, Setenil, Torre Alháquime, Ubrique, Villaluenga, Villamartín y Zahara de la Sierra. Los munícipes espereños se adhirieron a esta reclamación (37). Esta declaración se consiguió dos años después. En enero de 1981, los alcaldes de la Sierra se reunieron en Algodonales y Villamartín para redactar un documento base sobre las necesidades más urgentes de la comarca y las inversiones consideradas prioritarias para esta zona (38), y en mayo del mismo año se conoció el acuerdo de poner en conocimiento de la Consejería de Interior un informe técnico sobre los criterios de distribución de las inversiones reclamadas para la Sierra, que podían no ser coincidentes con los de la Junta, y se reclamó a la Consejería de Política Territorial inicar los trámites para establecer una comarcalización de Andalucía (39).
Otro de los problemas a los que hubieron de hacer frente las primeras corporaciones democráticas de la comarca fue el de la situación de la enseñanza como consecuencia de la emigración temporera de numerosas familias que, como venía siendo tradicional en los últimos años, se desplazaban fuera de la localidad para participar en las campañas de recolección agrícola, en este caso en la del algodón durante los meses de octubre y noviembre. Además, el curso se inició sin que se cubrieran todas las plazas de maestros. Como caso representativo, tomemos de nuevo el caso de Espera. Apenas iniciado el curso escolar, el 3 de octubre de 1979, la asociación de padres de alumnos de esta localidad organizó una manifestación para pedir el nombramiento de los profesores que faltaban. El Gobierno Civil desautorizó la manifestación porque su celebración la había solicitado el alcalde, Antonio Ferrete, el mismo día de la convocatoria, y el Gobierno exigía que se anunciara con diez días de antelación. La solicitud de la manifestación había sido respaldada por Antonio Garrucho (UCD), Emilio Salas Ruiz (CC.OO.), José Ferreras (PSOE), Juan Moreno Castro (UGT), José Romero Abadía (PCE), Manuel Romano (asociación de padres de alumnos) y Mario Garrido Troncoso (asociación de padres de familia). El itinerario era el siguiente: Los Toros, Hernán Cortés, Arcos, Ceballos y Los Toros (40). Esta movilización tuvo su correlato con la protesta formulada por la corporación municipal. El concejal comunista Antonio Lozano Merino planteó en el pleno del Ayuntamiento el problema de la pérdida de clase de los niños de estas familias desplazadas. Este edil propuso que se exigiera al Gobierno la puesta en marcha de programas de escolarización en verano para que los niños emigrantes pudieran recuperar las clases perdidas durante el tiempo de desplazamiento. Además planteó que se exigiera al Gobierno la implantación de tres aulas más para párvulos, ya que el municipio solo disponía de tres y la proporción óptima debía ser de dos aulas de párvulos por cada ocho de enseñanza básica. Espera disponía de 25 unidades de básica, por lo que le deberían corresponder seis de parvulario. Asimismo, pedía la dotación de un profesor más de los 25 existentes, así como dos de ayuda, otros dos de educación especial y uno de enseñanza de adultos, dado el «alto índice de analfabetismo» registrado entonces. Lozano Merino creía imprescindibles todas estas dotaciones para «la adecuada escolarización de la población infantil, conseguir una mínima calidad de enseñanza para hacer realidad el derecho constitucional a la educación, ponernos en condiciones de igualdad con las regiones y nacionalidades más avanzadas del Estado y absorber el enorme índice de paro existente entre los profesionales de la enseñanza en Andalucía». A juicio de este concejal, si el Gobierno no atendía estas peticiones pondría de relieve que «quiere castigar a las clases populares y las zonas más deprimidas del Estado para hacer imposible su proceso de acceso a la cultura y al desarrollo» y que toma partido por la enseñanza privada en detrimento de la pública, a la que se le restringían los presupuestos. Su propuesta fue aprobada por mayoría por el Pleno (41). Los problemas educativos se resolvieron. El 24 de abril de 1980, la asociación de cabezas de familia celebró una asamblea sobre los problemas de los colegios de EGB. Intervinieron el presidente de esta entidad, Manuel Romano Lozano, y el vicepresidente, Ernesto Huertas Villarroya, quienes dijeron que «todos sabían cómo se encontraba el colegio José Antonio, que cuando llueve, se mojan los niños, y el otro centro, denominado Nuestra Señora de la Paz, se encuentra cerrado desde su construcción». La asociación convocante anunció que se desplazaría a la Delegación de Educación en Cádiz para exponer la situación y que si no se le daba solución convocaría una manifestación y huelga de alumnos. Ya finalizando el curso, el 3 de junio de 1980, la asociación de padres de alumnos celebró otra asamblea sobre «absentismo temporero y problemas educativos». Ernesto Huertas informó de la organización de un curso escolar en el colegio Rodríguez de Valcárcel de Cádiz para alumnos de 9 a 12 años con asignaturas pendientes de este curso por razones económicas, al haber abandonado el colegio por acompañar a sus padres en las campañas de recolección agrícola. Manuel Romano informó de sus gestiones en Cádiz para solventar un problema de transporte de alumnos de BUP de Espera que tenían que desplazarse a Arcos, «a fin de que les pongan un vehículo y no tengan que hacer auto-stop», y sobre la petición de apertura del colegio de EGB Nuestra Señora de la Paz (42).
Sobre el problema que padecían los temporeros de la comarca, hay que decir que los municipios de Arcos, El Bosque, Espera, Olvera y Villamartín constituyeron una comisión de alcaldes para reclamar a los organismos públicos medidas para el desarrollo de la Sierra de Cádiz, y la primera decisión adoptada fue declarar esta comarca como «zona de acción especial». Entre otras actuaciones de los ayuntamientos figuraron la gestión ante los patronos para la colocación del mayor número de trabajadores durante la campaña de la remolacha y, en el caso de Espera, la petición de la declaración de Las Lagunas como zona de interés social y turístico.
Para combatir el problema del paro endémico en la Sierra, en el mes de abril de 1981 el soc organizó movilizaciones en la comarca para protestar por la falta de trabajo. El día 27 el soc celebró asambleas contra el paro en Espera, Puerto Serrano, Olvera y Jédula y al día siguiente en Algodonales, Arcos, Bornos y Villamartín. La asamblea de Espera se celebró en la plaza del Ayuntamiento. A la misma asistieron unas cien personas y en ella intervinieron Manuel Copete Camas, Manuel Figueroa Zapara y Miguel Núñez Cortés (43).
Sirva a título ilustrativo del estado de cosas existentes en aquella época en este pueblo de la Sierra el testimonio de uno de los dirigentes de CC.OO. desde la clandestinidad y concejal como independiente en la primera corporación democrática dentro de la candidatura comunista, Emiliano Mancheño (44):

«El problema más importante que teníamos era la lucha por el paro. El Gobierno Civil hacía repartos de dinero por el empleo comunitario, y a algunos pueblos les daban más que a otros. Una vez al pueblo de Espera no le dieron nada. Entonces nos metimos en una lucha fuerte. En una de aquellas manifestaciones, al principio de 1981, salimos a la calle y cuando nos dimos cuenta el pueblo estaba rodeado de guardias civiles. Yo organicé la manifestación planteándole a la gente las condicinoes en las que íbamos a hacerla, con el talento suficiente para ir con la realidad en la mano. En el portichuelo había cinco coches de guardias civiles. Organicé a la gente, nos fuimos en grupos en las entradas del pueblo cortando las carreteras. Estábamos en las puertas del bar Rata 500 ó 600 personas. En el silo había un grupo de manifestantes y ante ellos tres coches de la Guardia Civil. Me arriesgué a ir allí. Nadie era legalmente responsable de la situación. Llegué al silo y estaba el capitán con tres guardias civiles. El capitán preguntaba quién era el organizador. Yo me hice responsable. El capitán me llamó y le expliqué los motivos de por qué estábamos allí. Le dije que quien ha provocado esta situación era quien la tenía que solucionar. Le dije: «Si usted cree que tiene que correr la sangre en Espera, que corra», pero seguí hablando con él, y nos fuimos al cuartel. El capitán me pedía que disolviera a la gente. Yo le dije que no tenía que disolver a nadie y que yo era el primero que quería que el problema se solucionara por las buenas. El capitán llamó al Gobierno Civil y dijo: «Aquí hay dos alternativas, o esto se arregla o aquí hay sangre». Se lo pensarían en el Gobierno Civil porque rápidamente el gobernador nos mandó dos millones y medio de pesetas. Aún conservo el telegrama. Yo ya había tenido muchas reuniones con el gobernador. Hablé con la gente para contar lo que había pasado. Me volví y antes de llegar a mi casa me trajeron el telegrama con la concesión de dos millones y medio. Se había echado a la calle el pueblo entero; además de la gente que fue a la manifestación, todas las azoteas y las bocacalles estaban llenas de gente».

Las ayudas gubernativas suponían sólo un paréntesis. Al final del verano de 1981, el paro se agudizó y las ayudas no eran suficientes para pagar cuatro jornales a la semana, y a ello hubo que sumar la consumación de la amenaza de sanción contra el alcalde de Espera, Antonio Ferrete, por el pago de un desplazamiento de representantes políticos y sindicales a Cádiz a una manifestación contra el paro usando fondos del empleo comunitario. En el pleno municipal del 3 de septiembre de 1981, Ferrete informó de las diligencias instruidas por el pago de la factura de aquel desplazamiento, cuyo importe fue de 20.000 pesetas. La corporación aprobó por unanimidad el nombramiento de un abogado y un procurador para ejercer la defensa y representación del primer edil en este proceso judicial, Luis Benítez Carrasco y Antonio Benítez López, respectivamente. Ferrete contó con el respaldo de los tres grupos muncipales. El portavoz de UCD, Ángel Pantoja Cortés, se mostró dolido por las acusaciones que se habían vertido contra los munícipes y propuso que los grupos políticos y las centrales sindicales reclamaran al gobernador la aprobación de cuatro días de paro a la semana, especialmente para los cabezas de familia, así como que el dinero para paliar el paro lo distribuyese una mesa de reparto. El edil comunista Sebastián Benítez Fernández mostró su solidaridad con el alcalde y dijo que no se trataba de una malversación sino de «un pago indebido ya subsanado». Emiliano Mancheño, independiente dentro de la candidatura comunista, también mostró su apoyo al primer edil y propuso «hacer algo para que el pueblo se entere de que el Ayuntamiento Pleno resuelve sus problemas con rapidez y con buen deseo de atender a todas las peticiones y necesidades posibles, porque en la calle se oyen rumores que comentan todo lo contrario». Ferrete anunció que varios alcaldes de la provincia proyectaban encerrarse en la Diputación para reclamar fondos para poder pagar cuatro días de trabajo a la semana a los trabajadores en paro. Los sindicatos decidieron incrementar sus acciones de protesta. Se produjo un encierro de trabajadores en el Ayuntamiento, y coincidiendo con él, el 24 de septiembre, CC.OO. organizó una manifestación autorizada contra el paro y en la que reclamó cuatro días a la semana de empleo comunitario. A la misma, que se inició y terminó en la plaza del Ayuntamiento, asistieron unas 150 personas, según cifras oficiales (45). Con esta protesta se dio por finalizado el encierro que se mantuvo en la Casa Consistorial.
Otra de las reivindicaciones formuladas en aquellas fechas por el soc en la comarca de la Sierra fue el de la denominada Reforma Agraria Integral. El testimonio de Emiliano Mancheño resulta también ilustrativo sobre esta cuestión:

«Pedíamos la reforma agraria integral, y ocupamos una finca en el Cerro del Contrabandista en 1981. Las tierras se ocuparon pero aquello no valió de nada, o sí valió de mucho. Los dueños eran una familia que en su tiempo le dio mucho pan al pueblo de Espera, pero por algún sitio teníamos que empezar. La idea era repartir parcelas de diez hectáreas. Esto lo queríamos hacer comprando la tierra a los dueños, que fueron quienes nos plantearon venderla en parcelas de diez hectáreas. Pero al final los trabajadores no quisieron entrar, y sólo entré yo con algunos más. No quiso entrar nadie porque en las reuniones que tuvimos con los trabajadores entró la «mano negra» rompiendo el proyecto, quitándole las ganas a la gente. Incluso amenazaron a Mario Garrido. El proyecto era que entráramos 45 familias. Pero al final solo entramos cuatro o cinco. Yo compré una de las parcelas de 10 hectáreas. En aquel tiempo yo tuve muchas reuniones con el presidente de la Junta, Rafael Escuredo, que era el pregonero de la reforma agraria integral, pero luego pasó que se lo cargaron» (46).

El primer mandato democrático se cerró en el municipio de Espera con la aprobación de dos asuntos de gran interés local, a partir de una convocatoria de ayudas y préstamos hecha pública por el Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA) (47). El primero fue el proyecto de reparación total del museo municipal, cuantificado en 75 millones de pesetas, y el segundo fue el proyecto de terminación de las obras de la avenida de Sevilla y la plaza de la Diputación, por un importe de 6,5 millones de pesetas.
Tras la celebración de las segundas elecciones municipales democráticas, los alcaldes de la Sierra se reunieron en Bornos para solicitar a la Junta de Andalucía la declaración de esta comarca como zona piloto para la implantación de la reforma agraria anunciada (48). Paralelamente, acordaron integrarse en la recién creada Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz (49).

Notas:
(1) Diario de Cádiz, 14/3/1978, pág. 1
(2) Diario de Cádiz, 10/2/1978, pág. 7.
(3) Archivo Histórico Provincial de Cádiz, Gobierno Civil, caja 12.036.
(4) Diario de Cádiz, 28/12/1978, pág. 1.
(5) Archivo Municipal de Espera, leg. 8: Actas Capitulares, sesión de 3/3/1978, ff 159v-160.
(6) Archivo Municipal de Espera, leg. 8, Actas Capitulares, sesión de 3/3/1978, ff 161v-162
(7) Sígler Silvera, Fernando: Del señorío a la democracia. Jalones de la historia contemporánea de Espera. Cádiz, Diputación Provincial, 2007, pág. 151.
(8) Diario de Cádiz, 14/3/1978, pág. 13.
(9) Archivo Histórico Provincial de Cádiz, Gobierno Civil, caja 12.036.
(10) Archivo Municipal de Espera, leg. 8, Actas Capitulares, sesión de 20/3/1978.
(11) Archivo Histórico Provincial de Cádiz, Gobierno Civil, caja 12.036.
(12) Según datos de los sindicatos recogidos en la prensa, en la provincia de Cádiz hubo paros en 2.313 empresas (el 11,19%), con la participación de 36.300 trabajadores (el 20,39%). Diario de Cádiz, 6/4/1978, págs. 1 y 9.
(13) Archivo Municipal de Espera, leg. 8, Actas Capitulares, sesión de 24/4/1978, ff 163v-164.
(14) Archivo Histórico Provincial de Cádiz, Gobierno Civil, caja 12.036.
(15) Diario de Cádiz, 12/5/1978, pág. 171.
(16) En la segunda fase, se invirtieron 7.409.125 pesetas en jornales y 883.435 en material.
(17) Sígler Silvera, Fernando: Del señorío a la democracia. Jalones de la historia contemporánea de Espera. Cádiz, Diputación Provincial, 2007, pág. 154.
(18) El País, 21/6/1978.
(19) Archivo del PCE, Ubrique, «Día 20, jornada contra el paro en Andalucía. A todos los compañeros/as trabajadores de Ubrique», 1978.
(20) Archivo Histórico Provincial de Cádiz, Gobierno Civil, caja 12.036.
(21) Archivo Municipal de Espera, leg. 8, sesión de 18/12/1978, f 183.
(22) Sígler Silvera, Fernando: Del señorío a la democracia. Jalones de la historia contemporánea de Espera. Cádiz, Diputación Provincial, 2007, pág. 159.
(23) Los trabajos aprobados fueron la pavimentación de la calle Fléming, el alcantarillado de la calle Norte, obras en la carretera de circunvalación, tapia del cementerio y construcción de nichos. Archivo Municipal de Espera, leg. 8, sesión de 18/12/1978, f 183v.
(24) El 26 de abril, en el cine Esperanza, intervino Antonio Ferrete; el 9 de mayo, en la Caja de Ahorros, participaron Emiliano Mancheo y Manuel Verano, éste de El Puerto; el 31 de mayo y el 18 de junio, en el cine Esperanza, de nuevo se dirigió a los asistentes a la asamblea Antonio Ferrete; el 2 de agosto habló en la Caja de Ahorros Diego Jurado Troncoso; y el 26 de septiembre, de nuevo Manuel Verano. Archivo Histórico Provincial, Gobierno Civil, caja 12.036.
(25) Archivo Municipal de Espera, leg. 8, Actas Capitulares, sesión de 20/6/1979, ff 195v-196.
(26) A la provincia de Sevilla le había correspondido cinco mil millones más que a la de Cádiz.
(27) Archivo Municipal de Espera, leg. 8, Actas Capitulares, sesión de 15/12/1979, ff 16-16v.
(28) Sígler Silvera, Fernando: Del señorío a la democracia. Jalones de la historia contemporánea de Espera. Cádiz, Diputación Provincial, 2007, pág. 168.
(29) Archivo Municipal de Espera, leg. 8, Actas Capitulares, sesión de 23/7/1979, ff 199v-200.
(30) Archivo Municipal de Espera, leg. 9, Actas Capitulares, sesión de 22/9/1979, ff 4-5v.
(31) Archivo Municipal de Espera, leg. 9, Actas Capitulares, sesión de 22/9/1979.
(32) Archivo Municipal de Espera, Exp. Varios: Listado de peonadas elaborado por cc.oo., 13-18/11/1979, págs. 1-15.
(33) Archivo Histórico Provincial de Cádiz, Gobierno Civil, caja 12.036.
(34) Archivo Municipal de Espera, leg. 9, Actas Capitulares, sesión de 20/12/1979, ff 18v-19.
(35) Romero Romero, Fernando: Historia de Puerto Serrano. Puerto Serrano contemporáneo. Cádiz, Diputación Provincial, 2003, págs. 404-405.
(36) La iniciativa pretendía acogerse al Real Decreto 3418/1978, de 29 de diciembre, que preveía una serie de ayudas a las comarcas deprimidas.
(37) Archivo Municipal de Espera, leg. 9, Actas Capitulares, sesión de 205/12/1979, ff 18-18v. Casi un año después, el 30 de noviembre de 1980, el presidente de la Diputación informó al Ayuntamiento de Espera de las gestiones realizadas para proponer a la Dirección General de Administración Local la declaración de la Sierra como zona de acción especial. Ibidem, sesión de 13/12/1980, ff 51v-52.
(38) Archivo Municipal de Espera, leg. 9, Actas Capitulares, sesión de 17/1/1981, f 57v.
(39) Archivo Municipal de Espera, leg. 9, Actas Capitulares, sesión de 29/5/1981, ff, 70 v-71.
(40) Archivo Histórico Provincial de Cádiz, Gobierno Civil, caja 12.036.
(41) Archivo Municipal de Espera, leg. 9, Actas Capitulares, sesión de 13/10/1979, ff 8-9.
(42) Sígler Silvera, Fernando: Del señorío a la democracia. Jalones de la historia contemporánea de Espera. Cádiz, Diputación Provincial, 2007, págs. 170-172.
(43) El mismo día el soc celebró también asambleas contra el paro en Puerto Serrano, Olvera y Jédula y al día siguiente en Algodonales, Arcos, Bornos y Villamartín.
(44) Testimonio oral de Emiliano Mancheño, Espera, abril 2006, en Sígler Silvera, Fernando: Del señorío a la democracia. Jalones de la historia contemporánea de Espera. Cádiz, Diputación Provincial, 2007, págs. 176-177.
(45) Archivo Histórico Provincial de Cádiz, Gobierno Civil, caja 12.036.
(46) Sígler Silvera, Fernando: Del señorío a la democracia. Jalones de la historia contemporánea de Espera. Cádiz, Diputación Provincial, 2007, págs. 179-180.
(47) El delegado provincial del iryda se había reunido el 20 de diciembre en Villamartín con representantes municipales de la comarca para informarles de estas ayudas. Archivo Municipal de Espera, leg. 9, Actas Capitulares, sesión de 3/1/1983, f 118.
(48) Archivo Municipal de Espera, Archivo Municipal de Espera, leg. 9, Actas Capitulares, sesión de 1/12/1983, f 148v. Otro acuerdo adoptado en la misma sesión fue el de declarar el municipio de Espera como zona no nuclear, a propuesta del pce. Idem, f 149.
(49) Archivo Municipal de Espera, leg. 9, Actas Capitulares, sesión de 29/11/1983, f 147. De los ocho ediles asistentes al pleno votaron a favor ocho y en contra uno.

Proyecto: Investigación sobre movimientos sociales y sindicales durante la dictadura franquista y la transición en la comarca de la Sierra de Cádiz.
Investigador: Fernando Sígler Silvera, historiador.
Entidad promotora: Área de Memoria Democrática de la Diputación Provincial de Cádiz, 2023.