En el seno de la Organización Sindical, se promovió la formación profesional en el sector de la Piel. En Ubrique funcionó el taller escuela de marroquinería «Santa Ana». En el año 1967 se matricularon en el mismo 113 alumnos, de los que 32 eran de aprendizaje y 81 de aprendizaje, en tres niveles. De estos últimos, 41 correspondían al aprendizaje de marroquinería propiamente dicha y 40 a carpintería. Del total de alumnos, 92 se matricularon para examinarse. En el año 1967 terminaron sus estudios 17 alumnos.
El delegado sindical consideró en su informe anual que quedaba «demostrada la eficacia del centro, habida cuenta de que los alumnos que todavía no han terminado el aprendizaje están siendo muy solicitados por la industria local de marroquinería y de carpintería, que les paga a razón de 1:3 con respecto a los muchachos que no han pasado por el mismo, siendo muchos los padres que solicitan certificados de estudios del mismo». Explicaba además que «desde que están atendidas todas las dependencias pedagógicas se observa una mayor afluencia de alumnos». Era tal la demanda de formación generada en el sector de la Piel que el propio delegado sindical estimaba «de necesidad imperiosa la creación de un profesor de la Teoría del Arte y asimismo de Dibujo».
Ya en la transición se promovió en este municipio una Escuela de Formación Profesional. El 9 de diciembre de 1978 se reunieron en los locales del sindicato uso representantes de partidos políticos, centrales sindicales y entidades ciudadanas para abordar este tema (1). En esta asamblea se trató sobre la realidad de los aprendices en el sector de la marroquinería y la conveniencia de encauzar este aprendizaje a través de dicha escuela.

Convocatoria de uso sobre la Escuela de Formación Profesional, 1978 (Archivo del PCE, Ubrique)

Por su parte, en el ámbito de la previsión social, en el año 1967 se tramitaron 2.376 expedientes en el conjunto de la subcomarca compuesta por Benaocaz, El Bosque, Grazalema-Benamahoma, Ubrique y Villaluenga del Rosario. De ellos, 1.185, es decir, casi el 50%, correspondían al régimen general de la Seguridad Social; el 48,6% a la previsión social agraria y el 1,5% a la mutualidad de autónomos. La Mutualidad Nacional de Previsión Social Agraria recaudó en esta zona en dicho año la cantidad de 1.486.218,68 pesetas.
Hay que recordar que el Instituto Nacional de Previsión (INP) nació en el año 1908. Fue una creación del Instituto de Reformas Sociales, que había sido fundado en 1903 y que se planteó la creación del INPcomo «primera institución pública dedicada a la promoción y subvención de los seguros sociales» en régimen de «libertad subsidiada», convocando para ello a las cajas de ahorro para su financiación. Cabe entender esta iniciativa como una «expresión del impulso regeneracionista» decimonónico (2). Posteriormente, la previsión social se elevó a rango constitucional en la Segunda República. El artículo 46 la Constitución aprobada en 1931 establecía que «la República asegurará a todo trabajador las condiciones necesarias de una existencia digna. Su legislación social regulará: los casos de seguro de enfermedad, accidentes, paro forzoso, vejez, invalidez y muerte; el trabajo de las mujeres y de los jóvenes y especialmente la protección a la maternidad; la jornada de trabajo y el salario mínimo y familiar» (3).
Tras el golpe de Estado que acabará con la República, el franquismo puso en marcha su concepción de la previsión social a partir del el Fuero del Trabajo, de 9 de marzo de 1938, creado a imitación de la Carta di Lavoro del fascismo italiano, aunque con la influencia católica de la dictadura española, que se proponía proporcionar al trabajador «la seguridad de su amparo en el infortunio». Más adelante, el Fuero de los Españoles, promulgado el 17 de julio de 1945 y considerado por la historiografía como una «operación de maquillaje del régimen ante las exigencias democráticas de los vencedores» en la Segunda Guerra Mundial, establecía en su artículo 28 que el Estado español garantizaría «a los trabajadores la seguridad de amparo en el infortunio» y les reconocía «el derecho a la asistencia en los casos de vejez, muerte, enfermedad, maternidad, accidentes del trabajo, invalidez, paro forzoso y demás riesgos que pudieran ser objeto de seguro social». Finalmente, la ley de 17 de mayo de 1958 por la que se promulgaron los Principios del Movimiento Nacional, establecía que todos los españoles tenían «derecho a los beneficios de la asistencia y seguridad sociales», sobre la base del «ideal cristiano de la justicia social» (4).

El delegado sindical destacó en su memoria anual el papel de la la Jefatura Comarcal de Ubrique, que hasta el 31 de diciembre de 1967 había tramitado 1.200 expedientes de la Seguridad Social en la rama general, «incluso de las mutualidades laborales», que no estaban convenidas con esta Organización Sindical. Este hecho, según este delegado sindical, imponía «un enorme trabajo a los funcionarios de esta CNS, que tienen que atender asimismo a la Mutualidad Agraria, por carecer la Hermandad de Labradores y Ganaderos de Ubrique de secretario-contador».

Notas:
(1) Archivo del PCE de Ubrique, convocatoria de reunión, Unión Sindical Obrera, Ubrique, 25/11/1978.
(2) Montero, Feliciano: «El debate sobre el intervencionismo y el nacimiento del Instituto Nacional de Previsión (INP)», en Castillo, S. y Rufaza, R. (ed.): La Previsión Social en la historia. V Congreso de Historia Social de España. Madrid, Siglo XXI, 2009, págs. 171-196.
(3) Constitución de la República Española, Gaceta de Madrid, nº 344, 10/12/1931, pág. 1582.
(4) Mosquera Rodríguez, Francisco: La previsión social en el régimen franquista. Trabajo fin de grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Santiago de Compostela, Universidad, 2012.

Proyecto: Investigación sobre movimientos sociales y sindicales durante la dictadura franquista y la transición en la comarca de la Sierra de Cádiz.
Investigador: Fernando Sígler Silvera, historiador.
Entidad promotora: Área de Memoria Democrática de la Diputación Provincial de Cádiz, 2023.